Los trabajadores de la UTE Sant Boi luchan contra precarias condiciones laborales con huelgas y manifestaciones desde abril de 2024. El sindicato CCOO ha denunciado el despido de dos miembros del Comité de Empresa y ha convocado movilizaciones contra la represión sindical durante el mes de julio.
Los trabajadores de la UTE Sant Boi, gestora del servicio de transporte público del Baix Llobregat, continúan luchando contra unas condiciones laborales precarias, tras varias jornadas de huelga y manifestaciones desde el mes de abril de 2024.
El sindicato CCOO de Cataluña ha hecho público su descontento con la compañía tras el despido de dos miembros del Comité de Empresa y el Comité de Huelga. Según ha explicado CCOO, la empresa ha abierto expedientes disciplinarios contra los trabajadores sindicalizados desde el inicio de las reivindicaciones, lo que “atenta contra los derechos a la libertad sindical y a la movilización de sus trabajadores”. Según CCOO, los expedientes y los despidos demuestran que UTE Sant Boi “no reconoce la legitimidad de su Comité de Empresa”.
A raíz de estos incidentes y “la gravedad de la situación”, CCOO ha convocado movilizaciones, los días 15 y 16 de julio, “contra la represión sindical y en apoyo a los sindicalistas despedidos”. Además, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha exigido al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que “deje de eludir su responsabilidad como licitador del servicio público ante la evidente vulneración de los derechos” y que “aplique medidas contundentes”.
Servicio público esencial
Por su parte, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha matizado que los problemas en los autobuses de Sant Boi responden "a un conflicto de carácter estrictamente laboral" que queda fuera de su jurisdicción. No obstante, ha anunciado que va a recabar información sobre el conflicto de todas las partes y se ha ofrecido a colaborar con todo lo que esté a su alcance "para facilitar una solución al conflicto que enfrenta a empresa y trabajadores". Además, el AMB va a contactar con la autoridad laboral competente para que interceda en la búsqueda de una solución a una problemática "que afecta a un servicio público esencial".