Miles de jóvenes extranjeros en España se encuentran en un limbo legal debido a la imposición del servicio militar obligatorio en sus países de origen.Muchos de ellos llegaron a España siendo niños y han construido su vida aquí, pero enfrentan serias limitaciones para regularizar su estatus migratorio debido a las exigencias militares de sus países.
Este es el caso de S.G., un joven armenio que, a sus 28 años y tras llevar más de una década en España, teme regresar a Armenia, donde tendría que cumplir con el servicio militar y arriesgar su vida en un entorno marcado por la constante tensión bélica contra sus vecinos Azerbaiyán y Turquía. Armenia no le renovará su pasaporte hasta que complete el servicio militar, lo que le impide tramitar la nacionalidad española a pesar de estar casado con una ciudadana española y encontrarse plenamente integrado en el país, ya que para ello necesitaría un pasaporte en vigor y un certificado de antecedentes penales; documentos denegados por su país de origen mientras no cumpla con el servicio militar.
En la misma situación se encuentra V. G., de 23 años, nacido en Barcelona, quien no puede visitar su país de origen al estar obligado a realizar el servicio militar, a pesar de no haber estado nunca en Armenia y de tener ya el pasaporte español.
Sin viajar y en situación irregular
Sin embargo, el no poder viajar a su país de origen es la menor de las preocupaciones para estos jóvenes. El principal problema reside en que, a pesar de ser jóvenes plenamente integrados en España, se encuentran en situación irregular al no poder renovar sus pasaportes ni solicitar ninguna documentación a su país de origen. Hasta hace poco, los jóvenes en su situación solicitaban una “Cédula de Inscripción” en España, un documento que sustituye al pasaporte y justifica su condición de apátrida durante un año, pero que no permite viajar fuera del país, y desconocido además por muchos organismos del propio Estado. Pero, en el caso de los armenios, su embajada dejó de responder a las solicitudes de los documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de la cédula. Y, aunque los notarios han intentado encontrar alternativas, las recientes denegaciones de cédulas de inscripción han mostrado que estas estrategias ya no son viables para muchos. Sin la cédula de inscripción, los jóvenes quedan en un vacío legal, sin un documento que les permita trabajar, estudiar y vivir con normalidad en el país que consideran ya su hogar. Ni hablemos de viajar.
Ante este panorama, las opciones para quienes no han cumplido con el servicio militar en Armenia son: regresar y cumplir con dos años de servicio, poniendo en peligro su integridad física y psíquica; pagar una exención de 36.000 euros; o enfrentarse a penas de cárcel por evitar el servicio militar.
Servicio militar reducido o pagos
Aunque Armenia ha propuesto alternativas que incluyen un servicio militar reducido y el pago de entre 5.000 y 20.000 euros según la duración del servicio, estas opciones resultan inalcanzables para la mayoría de los jóvenes en el extranjero, teniendo en cuenta que conllevan, por un lado, interrumpir su trayectoria profesional durante un largo período; y por otro, asumir el riesgo de servir en un país en constante situación bélica, sin la certeza de regresar vivos. Desde el 2023, cuando el gobierno armenio implementó estas alternativas de servicio militar reducido, la recaudación ha sido escasa, evidenciando la inviabilidad de la medida.
Esta problemática no es exclusiva de Armenia: el servicio militar obligatorio afecta a jóvenes de 72 países, incluidos Siria, Egipto y Corea del Sur, quienes, al igual que los armenios, no pueden regularizar su situación en España debido a las exigencias de sus países. Esto requiere una respuesta humanitaria y jurídica por parte de los países de acogida. En el caso de España, la cédula de inscripción fue un paso adelante, pero la dificultad para acceder a ella actualmente refleja la necesidad de una política migratoria más comprensiva y adaptada a estas situaciones específicas.
Protección en el limbo
El dilema afecta profundamente a estos jóvenes, quienes han desarrollado su identidad en Europa y para quienes la obligación militar ya no forma parte de su realidad. Para España y otros países europeos, implementar una solución pragmática y humanitaria no solo ofrecería protección a quienes viven atrapados en este limbo, sino que también representaría un avance en la defensa de los derechos humanos y la integración social de aquellos que buscan construir un futuro en sus nuevos hogares. III
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