No ha sido una demanda social sino una bandera política enarbolada directamente por la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz (Sumar). Se ha puesto sobre la mesa, previo pacto con el PSOE, la instauración generalizada (se quiera o no) de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas (sin que haya una reducción salarial), una iniciativa que se atisba como la medida estrella de la actual legislatura. Pese a las presiones, la propuesta gubernamental sigue sin haber cosechado el consenso entre los sindicatos (que la defienden) y la patronal (que recela o directamente se opone), aunque el Gobierno, antes de imponerla por ley, ha dado a las partes un ultimátum para que pongan de acuerdo que expira este 11 de noviembre.
La finalidad de la reducción de jornada es que los trabajadores lo tengan más fácil para conciliar la vida laboral y la familiar, lo que repercuta en una mejora de la salud. El último texto a debate difiere un poco del acuerdo inicial entre PSOE y Sumar (que se comprometieron a reducir la jornada hasta las 38,5 horas este mismo 2024 y hasta las 37,5 horas el año que viene). No obstante, lo más probable, según declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, es que se salte el escalón de 2024 -porque ni tramitando la propuesta como proyecto de ley por la vía de urgencia daría físicamente tiempo a aprobarlo parlamentariamente este año- y la jornada se reduzca directamente a las 37,5 horas en 2025.
Intervencionismo en estado puro
El acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal no parece sencillo. Lo confirma que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya alertado de que no va a rubricar nada que suponga una ruptura de los actuales convenios colectivos y ha calificado la actitud del Gobierno de “intervencionismo en estado puro”. Además, la implantación de la medida podría acarrear un sobrecoste para las Pymes de 11.800 millones de euros u no ha tenido en cuenta su efecto sobre la productividad, que en España es especialmente baja y que cuya caída constante desde la pandemia duplica a la del conjunto de los países del euro, según la Comisión Europea que ya ha advertido al Gobierno español de esta situación, que supone “un problema endémico” para la economía nacional.
De consensuarse o de imponerse, la reforma para la reducción de jornada laboral se aplicará a unos 12 millones de trabajadores. Pero también existe la posibilidad de que la medida no salga adelante en el Congreso, porque Junts amenaza con no secundarla, y sus votos son imprescindibles para que prospere. Tampoco el PNV ha dejado del todo clara su postura, aunque parece decantarse por aceptarla. Si esto sucede, la última vía para que la ley prospere es que el PP se abstenga en la votación.
Ni autónomos ni tiempo parcial
Tampoco está claro cómo podrá aplicarse esta nueva jornada a todos los sectores y modalidades de contrato. Parece evidente que la medida no afectará a los trabajadores autónomos ni a los contratos a tiempo parcial pero que será de más fácil aplicación en el sector público y en las grandes empresas privadas, al contrario que las pequeñas y medianas. Sectores con gran carga de trabajo como la construcción, la hostelería o la agricultura tendrán que buscar soluciones creativas como contratar más personal o rediseñar los turnos de trabajo, para adaptarse sin sacrificar una productividad ya de por sí no demasiado boyante.
Con todos estos elementos y premisas. ¿Resulta sensato aplicar por la fuerza una reducción de jornada sin el consenso de los empresarios y sin una mayoría política clara ? ¿Debe prevalecer la conciliación laboral de los empleados por encima de la productividad? ¿Reducción de jornada sí o no? ¿A 37,5 horas o a 35 horas como en Francia? El debate está servido. III
Si (
No(
