Dos exconcejales del PSC de L’Hospitalet admiten corrupción y aceptan nueve meses de cárcel

Los dos principales encausados en el caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet, Cristian Alcázar (primer secretario del PSC local y teniente de alcalde durante el último mandado de la exalcaldesa Nuria Marín) y el exconcejal Deportes Cristóbal Plaza, han aceptado su culpabilidad y han reconocido este martes ante el juez de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona haber cometido "apropiación indebida" al haber cobrado de forma fraudulenta 47.147 euros por simular una indemnización por despido de Plaza y los 6.486,96 euros cobraros indebidamente por éste como prestación por desempleo. Los dos políticos socialistas han evitado el juicio, tras pactar con la Fiscalía, aceptando una condena de nueve meses de prisión y tras haber devuelto el dinero. La Fiscalía Antocorrupción pedía para ellos cuatro años y medio de cárcel en una pieza separada del procedimiento abierto por las irregularidades del consejo deportivo local, en el que ha habido hasta 18 investigados, la mayoría militantes socialistas. Los dos condenados no entrarán en prisión porque el tribunal ha acordado suspender las condenas impuestas a los exconcejales por un período de dos años.

Tras conocerse la sentencia, el portavoz de ERC+EUiA, jefe de la oposición en el Ayuntamiento de L’Hospitalet y denunciante de los hechos (cuando era concejal del PSC), Jaume Graells, ha declarado que el reconocimiento de la estafa “demuestra que todo aquello que denuncié e intentaron tapar es cierto”. Graells ha criticado a los encausados porque “hoy reconocen que son culpables, después de cinco años escondiendo la verdad, con la complicidad del PSC”, por lo que ha exigido que, al menos, tanto ambos como su partido “pidan disculpas a la ciudadanía”, ya que no aspira que “la dirección del PSC, que me ha aislado y perseguido durante este proceso”, se disculpe.

La punta del iceberg

Y es que Jaume Graells destapó el caso en 2020 y dejó el gobierno municipal ante la “pasividad” de su partido de entonces (el PSC), que también acabó abandonando poco después. El edil ha reiterado que este reconocimiento de culpa, al que ha calificado como “una victoria”, no es más que “la punta del iceberg de una trama que salpica directamente el anterior y al actual gobierno municipal y también a la dirección nacional del PSC, encabezada por Salvador Illa”, actual President de la Generalitat.

El jefe de la oposición de L’Hospitalet se ha mostrado decepcionado con la Fiscalía porque ha aceptado un acuerdo “muy flojo, incomprensible desde un punto de vista de estrategia jurídica” puesto que ante unos hechos “sobradamente demostrados” el pacto “únicamente beneficia a los encausados y perjudica el interés ciudadano”.

Mentiras desde el primer momento

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, Silvia Esplugas, también ha cargado contra el gobierno municipal socialista porque “mintió desde el primer momento, negando cualquier tipo de conducta irregular de los miembros de su gobierno municipal”. “El acuerdo de hoy confirma la corrupción del PSC y deja claro que el PSC estaba más preocupado en tapar su corrupción que en reconocer la verdad y dar explicaciones sobre lo que estaba pasando dentro”, ha subrayado Esplugas.

La edil conservadora ha recordado que su formación denunció que “la corrupción en la trama del Consell Esportiu era evidente porque las pruebas así lo señalaban”. Para Esplugas, el pacto con la Fiscalía corrobora las irregularidades porque “ningún inocente acepta una pena de prisión sin ir a juicio, ni admite el delito de apropiación indebida y contra la seguridad social, ni asume la devolución de una indemnización que en su día se defendió como justa, así como el subsidio de desempleo que se derivó del despido de Cristóbal Plaza en el Consell Esportiu”.

Trasparencia y piezas pendientes

La portavoz del PP ha ido más allá y ha exigido a la exalcaldesa de la ciudad, Núria Marín, actual Delegada del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, que dé “las explicaciones públicas que nunca llegó a dar”. Sonia Esplugas ha hecho extensiva la petición de “transparencia” al actual alcalde, David Quirós, quien también debería rendir cuentas, según ella, porque “todavía hay más piezas pendientes (relacionadas con la corrupción en el Consell Esportiu) en periodo de instrucción judicial”.

Por su parte, los Comuns de L'Hospitalet, que pedían como acusación particular seis años de cácerl para cada uno de los condenados, han celebrado el “esclarecimiento de los hechos” y han reiterado su voluntad de seguir ejerciendo la acusación popular en la causa que sigue abierta.