Según el reciente XL Informe sobre el mercado de la vivienda elaborado por el Grupo Tecnocasa, con sede en El Prat, y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, la demanda de viviendas en el territorio creció el año pasado un 39%, mientras que la oferta inmobiliaria cayó en un 9,3%. Y lo peor es que estas preocupantes cifras van a mantener la misma tendencia durante 2025 si no se obra un milagro, en forma de inesperadas soluciones políticas.
En esta coyuntura, va a seguir siendo una misión casi imposible encontrar piso en el Baix Llobregat y L’Hospitalet. Y más para los jóvenes que quieran emanciparse y que son quienes más retrasan ese crucial paso de la Unión Europea. Los datos del European Statistical System (Eurostat) revelan que la edad media de emancipación en España se sitúa en 30,4 años, solo por detrás de Croacia, Eslovaquia y Grecia. En concreto, un escaso 14,80% de los jóvenes de entre 18 y 34 años han logrado en 2024 mudarse fuera del hogar familiar (cuando en 2019 el porcentaje era del 18,50%). Es decir, al 85% de los jóvenes no les queda otra que seguir viviendo con sus padres.
Y es que emanciparse es doblemente difícil por la juventud española por la falta de oferta, pero también (y mucho) por los desorbitados precios que están alcanzando los pisos de venta (que han subido un 34,32% en los últimos cinco años, asegura el portal pisos.com) y de alquiler (que han aumentado un 12,1% el año pasado y sigue disparado, como constata el portal inmobiliario Idealista) como consecuencia del fenómeno de la inquiokupación, entre otras causas.
Hace unas semanas, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret; el President de la Generalitat, Salvador Illa; la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, visitaron en Sant Boi una promoción de vivienda de alquiler social para jóvenes compuesta por 40 pisos que se empezarán a entregar después del verano. El acto, más simbólico que fructífero, vino a escenificar que el problema de la falta de vivienda es una preocupación de ámbito nacional, que urgen medidas y que solo las administraciones tienen la llave. “Cuando todas las administraciones reman juntas para abordar el problema de la vivienda, los compromisos se transforman en soluciones”, sentenció Sánchez en la visita. Poco o nada dijo el Presidente de las 184.000 viviendas prometidas en sucesivas campañas electorales y ante el Senado en 2023 y que, mayoritariamente, siguen durmiendo el sueño de los justos.
Algo más parece que está haciendo Salvador Illa, quien durante el encuentro ratificó su compromiso de construir en Cataluña 50.000 viviendas públicas de alquiler asequible (un 25% para jóvenes y un 10% para personas vulnerables), para las que se ha abierto una convocatoria de reserva pública que aporte los solares necesarios, lo que es un buen paso. También anunció que se van a reducir los trámites burocráticos para la concesión de licencias de obra para construir pisos públicos. Otra buena noticia. A ello hay que sumar la reciente Ley de Vivienda –aplaudida por unos, ejemplificada en Cataluña y rechazada por otros- y que tampoco está claro que pueda ser la panacea que lo solucione todo y más si se sigue protegiendo a los okupas y castigando a los propietarios. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, también defiende “el acceso a la vivienda es un reto que requiere de acción pública decidida, consenso, planificación y colaboración público-privada para ofrecer soluciones viables”.
Con estos prolegómenos cabe preguntarse: ¿Qué se puede hacer, de verdad, para que la vivienda vuelva a ofertarse a precios asequibles y los jóvenes puedan emanciparse? ¿Es necesaria la colaboración público-privada? ¿Es bueno sobreregular e intervenir el mercado? ¿O es mejor liberalizarlo? ¿Qué pasa con los okupas? El debate está servido. III
Si (
No(
