La crisis de vivienda en España ha afectado especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para emanciparse debido a los altos costos de alquiler y los bajos salarios. Según datos recientes, solo el 14,8% de los menores de 30 años ha logrado independizarse, y de ellos, nueve de cada diez lo han hecho compartiendo piso. Además, casi la mitad de estos jóvenes destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.
España es el cuarto país de la Unión Europea donde más tarde se emancipan los jóvenes. Hace 20 años, dos de cada tres menores de 35 años emancipados tenían vivienda en propiedad. Hoy, sólo uno de cada tres.
No puede haber en España una generación perdida de la vivienda. Hay problemas para comprar y también para alquilar. Hay que redirigir fondos hacia políticas de apoyo al alquiler. Hay que favorecer la oferta de pisos pero la actual Ley de Vivienda del Gobierno de España lejos de solucionar los problemas los agrava. Por ello es necesario, entre otras medidas, derogar esta Ley estatal que ha sido un fracaso absoluto. El intervencionismo ha estrangulado la oferta, subido los precios y desincentivado la inversión.
Hay que incentivar y no sancionar. Cualquier tipo de intervención de precios acaba siendo una persecución a los propietarios y necesitamos que estos pongan sus pisos en alquiler pero para ello necesitan seguridad jurídica y que les sea rentable.
El propietario no es un enemiga a combatir. Hay que amparar al propietario y no al impago de inquilinos porque entonces crece el fenómeno de la inquiocupación. El propietario no es quien debe solucionar los problemas de vivienda. Son las Instituciones competentes quienes deben ocuparse de las familias que no pueden pagar.
Incentivar a promotores y constructores, dar avales para facilitar el acceso a la hipoteca por el 100% del precio de la vivienda a personas menores de 40 años; reducir al 4% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en las comunidades autónomas o deducciones en el IRPF, y facilitar licencias de obra nueva o reforma en tres meses, simplificando los trámites urbanísticos para incentivar la construcción, como propone el Partido Popular, aumenta la oferta.
Y si la actual Ley de vivienda debe derogarse, es urgente aprobar la Ley que desaloje a los okupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. La vivienda es un derecho, pero no lo es la okupación. No se puede demonizar al propietario y proteger al okupa.
Por ello ,además de abordar la crisis de vivienda, en Castelldefedels contamos ya con la oficina antiokupación para estar al lado de particulares y de las comunidades de vecinos, porque proteger al propietario y facilitar el acceso al alquiler y a las hipotecas, no es incompatible con garantizar la seguridad y la convivencia. III
Si (
No(
