La desaladora de El Prat de Llobregat continúa siendo una especie de úlcera para la administración. Criticada continuamente por su gasto energético (lo que obligó a reducir su funcionamiento al mínimo para rebajar costes); también se encuentra en pleno proceso judicial, de momento, favorable a Aguas de Barcelona, el denunciante de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación a Acciona. Y, además, con el ciudadano pagando los costes de la privatización y de la guerra del agua. Con estos tres frentes, parece indudable que la brecha sigue abierta tanto para la administración como para la empresa pública ATLL.
Pese a la situación desfavorable, Aigües Ter Llobregat (ATLL), empresa concesionaria de la Generalitat ahora en manos de Acciona, presentó recientemente una nueva inversión de 800.000 euros para mejoras y para la optimización de la planta desaladora situada en El Prat de Llobregat, en el marco del Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Nuevamente, la realidad se le vuelve en su contra. Según ha publicado Economía Digital, el Plan todavía no se ha implementado pese a que se debería haber iniciado en 2013. De hecho, el primer informe presentado para optimizar el sistema de remineralización del agua estaría todavía, supuestamente, en una fase inicial.
Batalla judicial con Agbar
El motivo principal de estos retrasos tendría que ver con la lucha judicial todavía vigente entre Acciona, la Generalitat y Aguas de Barcelona (Agbar) después de que la primera fuera elegida como gestora de ATLL a cambio de mil millones de euros, y su máximo rival, Agbar, decidiera recurrir judicialmente. Según las primeras sentencias, se interpreta que se habrían modificado las condiciones iniciales en el proceso de concesión a favor de Acciona. De confirmarse finalmente, el proceso de adjudicación quedaría anulado. Es por ello que Acciona está calibrando al mínimo sus inversiones en la planta pratense.
El proceso judicial lleva casi año y medio en marcha y las primeras sentencias son favorables a Agbar pese a que la Generalitat y Acciona están recurriendo los fallos a los máximos niveles jurídicos. En cualquier caso, cada vez parece más inevitable que Acciona salte como empresa privada gestora de la planta desaladora de El Prat, la más importante de su tipo en Europa. Existe una sensación de provisionalidad, lo que afecta tanto a los trabajadores de la infraestructura como, de manera indirecta, a los 4,5 millones de usuarios del agua de esta zona. No solo las aportaciones económicas estarían aparcadas, sino también el resto de convenios con terceros estarían a la espera de una resolución final. Las inversiones continúan en el aire y no en el agua. Es la guerra abierta en la privatización del agua, un bien supuestamente común pero que genera muchos beneficios.
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