La Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el CZFB han trabajado juntos para solucionar el problema generado por la decisión de Nissan de cesar su actividad productiva en España. Después de un largo proceso que ha respetado los principios legales y transparentes, se ha llegado al resultado definitivo tras mucho esfuerzo y colaboración entre estas instituciones.