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Vivienda

08/03/2025@10:58:00
El pasado 13 de febrero, el presidente Pedro Sánchez visitó en Sant Boi la promoción de cuarenta viviendas de alquiler de protección oficial que el Incasòl construye en la zona del Saló Central. Las referencias al problema de la vivienda durante el acto (acompañaban al presidente la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l’Alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret) dejaron claro que nos encontramos ante el que seguramente es el mayor reto social de nuestro país en estos momentos.

La crisis de vivienda en España ha afectado especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para emanciparse debido a los altos costos de alquiler y los bajos salarios. Según datos recientes, solo el 14,8% de los menores de 30 años ha logrado independizarse, y de ellos, nueve de cada diez lo han hecho compartiendo piso. Además, casi la mitad de estos jóvenes destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.

En el Pleno del 25 de enero de 2025 se procedió en seis minutos a la revocación del cargo y funciones de la edil de Podemos Cristina Serna Vargas, de 34 años, graduada en Trabajo y Educación Social por la Universitat Ramon Llull (URL), habiendo estudiado en las Vedrunas y Salesianos de Sant Boi. Residente ella y su extensa familia en la densa barriada de Marianao, donde se instalaron hace muchos años provenientes del Perú. Ella es una “sansei” por tener una abuela paterna japonesa.

Sant Boi está construyendo un nuevo edificio de alquiler social con 40 viviendas destinadas principalmente a jóvenes. Este proyecto, apoyado por la Generalitat y el Ayuntamiento, busca aumentar el parque de vivienda pública, con el objetivo de alcanzar 50.000 viviendas sociales en toda Cataluña para 2030.

Esplugues ha aprobado inicialmente un presupuesto de 74,6 millones de euros para 2025, con un crecimiento del 13% respecto a 2024 y el apartado de inversiones más elevado de la historia del municipio. Las cuentas de 2025 priorizarán aspectos como la vivienda asequible, la mejora del espacio público, la sostenibilidad y las políticas de atención a la ciudadanía. Entre los grandes proyectos que financiarán las inversiones, destacan la construcción del nuevo Auditori-Teatre y de la nueva sede de Policia Local, así como la compra del Monasterio de Montsió.

Eduard Sanz García (Esplugues, 1971) es el nuevo alcalde de Esplugues de Llobregat desde el pasado 2 de octubre, sucediendo así a la también socialista Pilar Díaz, nueva delegada del Govern de la Generalitat en la provincia de Barcelona. Antes de tomar la vara de mando, Sanz era primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal del PSC y fue teniente de alcalde y concejal de Cultura, Patrimoni i Habitatge Social (2011-2015), edil de Cultura (2007-2011) i de Joventut i Cultura (1999-2003). Eduard Sanz es técnico especialista en Electrónica Industrial con un postgrado en Estrategia y Competitividad Nacional por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en 2010. Antes de dedicarse plenamente al municipalismo, Sanz fue coordinador de Política Institucional de la UGT de Cataluña. Es el primer secretario del PSC de Esplugues desde 2012.

El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de 5.399.120 euros al Área Metropolitana de Barcelona para construir vivienda en alquiler accesible. Estas ayudas financiarán la construcción de futuras promociones de viviendas protegidas en el Baix Llobregat y L'Hospitalet, que estarán sujetas a unos criterios de sostenibilidad y precios por metro cuadrado fijados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Esplugues ha firmado un convenio con la Cooperativa Llar Unió Catalònia para construir 93 viviendas de protección oficial en el ARE Montesa. La construcción de las viviendas comenzará en el primer trimestre de 2025, y tendrá una duración aproximada de tres años. El nuevo alcalde de Esplugues ha anunciado que el Ayuntamiento seguirá impulsando más promociones de vivienda asequible durante los próximos años.

El Pleno de Sant Boi del pasado 27 de febrero de 2025 estuvo marcado por las protestas por la falta de vivienda y el cese de la edil Cristina Serna. Se discutieron temas como el estado del puente del Alcampo, la urgencia habitacional y una nueva tasa de residuos, generando tensiones entre los ediles y manifestantes.

El Pleno municipal de Sant Boi del 30 de enero abordó la prórroga del contrato de asistencia domiciliaria a SUARA y la defensa de la toponimia local. Se criticó la falta de control en servicios subcontratados y se discutieron problemas como el cierre de la única oficina bancaria de Camps Blancs. La edil Serna fue expulsada del grupo "Comuns-Podemos" y del gobierno municipal.

El Consejo General del Consorcio para la Reforma de la Granvia de L’Hospitalet ha aprobado su nuevo nombre y estatutos, ampliando su ámbito al Samontà. Se implementará un plan de reforma que incluye mejoras urbanas, sociales y económicas, buscando cohesionar la ciudad y conectar barrios a través de infraestructuras.

El Consejo Metropolitano ha aprobado el presupuesto de 2025, que asciende a 2.882 millones de euros, con un aumento del 16,73% para financiar vivienda, transporte y servicios. También ha aprobado el plan de inversiones en infraestructura hídrica y el nuevo Plan director de cooperación internacional 2024-2027. Otra de las novedades para 2025 es la adquisición de un terreno municipal de El Papiol para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler.

El PSC y L'Hospitalet En Comú Podem han acordado una moratoria de un año para licencias de viviendas turísticas, priorizando a los ciudadanos en el acceso a viviendas asequibles. Además, se ha congelado el IBI para 2025, buscando aliviar la carga fiscal y mejorar la calidad de vida en L'Hospitalet.

El BOE ha declarado a Begues, Pallejà y La Palma de Cervelló como ‘zonas de mercado residencial tensionado’, una distinción que limita los precios de alquiler de las viviendas de la zona y ofrece bonificaciones fiscales en el IRPF a los arrendatarios que limiten los precios del alquiler a los rangos establecidos por el 'Índice de Precios'. Esta medida comenzará a aplicarse este jueves 10 de octubre y tendrá una vigencia de tres años.

El fenómeno inmigratorio, tan actual y discutido, tuvo en las años 50-60 una dimensión importante porque afectó especialmente al sur español, pero también a amplias zonas del Norte peninsular. En Sant Boi se habla de extremeños y andaluces, pero también llegaron castellanos, al reclamo del buen empleo y de las ventajas de la vida urbana, por precarias que ahora resulten a los jóvenes.