El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 12 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires que derribe las naves industriales ilegales en el polígono Sesrovires antes del 30 de junio. El tribunal también exige al ayuntamiento presentar el presupuesto y plan de demolición en un plazo de 20 días. La familia propietaria de los terrenos amenaza con acciones legales si no se lleva a cabo el derribo, pues el incumplimiento puede acarrear responsabilidades penales y multas para los responsables municipales.
La cuenta atrás ya está en marcha y está vez sí que parece imparable. El Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 12 de Barcelona ha dictado una diligencia por la que se requiere al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires que derribe sin dilación las naves industriales construidas de forma ilegal en el polígono Sesrovires, El plazo para que las construcciones comiencen a pasar a mejor vida expira el próximo 30 de junio, según fuentes próximas al caso.
El tribunal barcelonés también ha solicitado al consistorio que antes de 20 días naturales –que empezaron a contar el pasado 31 de mayo- acredite y aporte el presupuesto de la demolición, así como las circunstancias de ejecución y el plan de la empresa encargada del escombro del comienzo y la duración de las obras. El ayuntamiento ordenó a finales del mes pasado el derribo de tres de las naves, pero todavía no se tiene constancia de que se haya iniciado.
El litigio por las doce naves del polígono industrial Sesrovires comenzó en la década de los años noventa del siglo pasado, cuando se construyeron sin el permiso ni la autorización de los propietarios de los terrenos: la familia Farràs sin su consentimiento. La familia ha advertido en numerosas ocasiones que si el consistorio se empecina en no ejecutar los derribos emprenderán acciones legales contra los responsables municipales por prevaricación.
Responsabilidades penales y multas
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 12 ha advertido a los responsables municipales que si incumplen con lo ordenado “pueden incurrir en responsabilidades penales y multas”, han explicado un portavoz del a familia Farràs. Es más, el tribunal ha denegado al consistorio la devolución de los 4.635.335,75 euros de las cuentas municipales que fueron transferidos a la cuenta de consignaciones del propio Juzgado en fecha 30/04/2021 como garantía de los posibles “perjuicios a los terceros de buena fe que causarán los escombros de las naves”, han confirmado las mismas fuentes.
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