El Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha ordenado el derribo de tres naves industriales ilegales en el polígono industrial de Sesrovires, tras la amenaza de acciones judiciales hecha pública por parte de los legítimos propietarios del suelo. La demolición es parte de una larga disputa que comenzó cuando se levantaron doce construcciones sin permiso ni autorización en terrenos propiedad de la familia Farràs sin su consentimiento. La familia ha advertido que si no se realizan los derribos emprenderán acciones legales contra el ayuntamiento por prevaricación y no quieren indemnizaciones. Quieren la demolición de las naves y recuperar sus tierras..
La amenaza de derribo que pendía como una espada de Damocles sobre una docena de naves industriales del polígono Sesrovires declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha cumplido. La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires no ha tenido más remedio que acordar el inicio de la demolición de tres de las construcciones ante la amenaza de una denuncia por prevaricación por parte de los legítimos dueños de los terrenos donde se levantaron las naves sin el beneplácito de la propiedad. Pero los trabajos no consta que hayan comenzado.
El pasado 30 de marzo el TSJC dictó una resolución en que desestimó el último incidente elevado por el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires con la intención de no ejecutar el derribo sentenciado por una sentencia anterior, aduciendo el coste económico que comportaba. La sentencia del 30 de marzo supone el principio del fin para las doce naves que se construyeron irregularmente en unos terrenos de espaldas a los propietarios y sin el consentimiento de éstos, que llevan desde entonces pleiteando para recuperar sus parcelas.
Un portavoz de la familia Farràs ha explicado a El Llobregat que "ante las graves ilegalidades en la construcción de las naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires" y las sentencias del TSJC(que instaban a su demolición, la propiedad advirtió al ayuntamiento el pasado 30 de marzo de que "si no actuaba de forma urgente" y ejecutaba el derribo de las naves ordenado por la justicia" se presentaría una denuncia contra el consistorio local por un "supuesto claro de prevaricación por omisión de los funcionarios públicos y autoridades", una vulneración recogida en los artículos 320 y 404 del Código Penal.
Presión exitosa
La presión de la familia Farràs ha dado sus frutos y el pasado día 10 de mayo, la Junta de Gobierno Local de Sant Esteve acordó actuar contra las obras ilegales "que ha tolerado durante tantos años", ha recordado el portavoz, y decidió la demolición íntegra (pero sin fecha) de "tres construcciones (oficina, almacén y pérgola), la demolición de una semi-glorieta, la retirada de grava, el restablecimiento de los terrenos en las tierras originales y el vaciado del acopio de materiales", han precisado las mismas fuentes.
Durante los años 90 y a principios de este siglo, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (bajo Alcaldía de Joan Galceran y Enric Carbonell) concedió unas licencias de obras ilegales a un tercero que no era el propietario (las 14 familias Farràs) lo que dio pie a que se levantarán doce naves industriales. Los terrenos afectados "todavía están pendientes de adjudicación en el proceso de reparcelación del Polígono Sesrovires a día de hoy", ha insistido el portavoz familiar.
Inacción municipal
El abogado de la familia Farràs y especialista en Derecho Administrativo, Sergi Aymerich, ha incidido en que durante todo este procedimiento (que se inició en la década de los 90 del siglo XX) "el Ayuntamiento no ha actuado frente a las ilegalidades en la construcción de las naves hasta que no ha tenido otra opción. Como ya habíamos advertido hace mucho tiempo, comienzan los derribos en las naves del Polígono Sesrovires", ha ratificado Aymerich.
Para entender la situación actual hay que retroceder más de 10 años. En el 2010, la sentencia firme número 177/2010, fechada el 14 de mayo de 2010 y dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, declaró ilegales las licencias municipales de las doce naves industriales del Polígono Sesrovires construidas a su amparo y ordenó su derribo. En respuesta al fallo judicial y "con el objetivo de incumplir la sentencia 177/2010 y no demoler las doce naves declaradas ilegales", ha señalado la familia Farràs, el ayuntamiento ha formulado desde entonces hasta cinco incidentes de inejecución de la referida sentencia firme. "Hasta la fecha todos los incidentes planteados por el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires han sido desestimados por sentencias judiciales firmes", subraya el portavoz de los afectados.
Indemnización millonaria
En el último Incidente de inejecución de sentencia presentado por el consistorio se ha alegado que la demolición de las naves resultaba improcedente por su elevado coste económico. alegando la improcedencia de los escombros por su gran coste. Pero no se ha salido con la suya. El TSJC ha dejado claro en su sentencia de fecha 21/04/2023. Que "el elevado coste no es motivo para no tener que cumplir la Sentencia judicial firme que ordena el derribo", ha asegurado Aymerich. El letyrado ha añadido que esta resolución "es relevante porque abre la puerta a la indemnización millonaria que deberá pagar el Ayuntamiento, si finalmente debe sustituirse el derribo por una indemnización económica".
Esta sustitución del derribo por una indemnización económica a pagar por el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires a la familia Farràs fue acordada por otra sentencia del TSJC (esta de fecha 22/05/2022). Pero la familia Farràs nunca ha estado interesada en ser compensada económicamente y ha mantenido que las construcciones ilegales deben eliminarse. El clan familiar, uno de los más antiguos del municipio, "ha seguido defendiendo hasta la última instancia "la necesidad de que se cumplan las sentencias" que avalan el derribo "y sólo como última opción se reclamará la indemnización económica al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires en sustitución de los escombros de acuerdo a lo que ha sido resuelto por el TSJC", ha corroborado el portavoz.
Decisión del Tribunal Constitucional
En arreglo a esta filosofía, la familia Farràs formuló recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del TSJC de 22/05/2022 (la que permitía trocar derribo por indemnización), que fue admitido por el propio TSJC (auto de 24/11/2022). pero desestimado por el alto tribunal, como ya se preveía. No obstante este portazo del TS no es un punto y final pues abre una vía para que el Tribunal Constitucional, previo incidente de nulidad ante el TSJC, decida finalmente si el consistorio local debe derribar las 12 naves industriales o bien "pagar una indemnización económica a la familia Farràs por los daños y perjuicios por la ilegalidad en la actuación del Ayuntamiento bajo Alcaldía de Joan Galceran y Enric Carbonell en la concesión de las licencias de obras para la construcción de 12 naves industriales, reconocida por Sentencia judicial firme de 14/05/2010", ha subrayado el portavoz familiar.
Sergi Aymerich ha precisado que el recurso ante el Tribunal Constitucional se fundamenta en que "se ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que están sufriendo las familias Farràs". Las pretensiones de los Farràs siempre han sido, según el abogado de la familia, "que se cumplan las sentencias judiciales y se derriben las doce naves ilegalmente edificadas por quien no era el propietario sobre terrenos propiedad de la familia. Defenderemos hasta el final la necesidad de que se cumplan las sentencias judiciales firmes y, sólo como última opción y si no tenemos más remedio", ha concluido el letrado.
Nulidad de las actuaciones
El litigio judicial -y la consiguiente pugna entre gobierno municipal y familia Farràs- todavía van a acumular algunos episodios más antes de que se dicte la resolución completamente definitiva. De hecho, el TS ha abierto la vía para que el TSJC resuelva sobre la nulidad de actuaciones, un paso previo al recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.
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