El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la familia Farràs contra el derribo de 11 naves industriales en el polígono industrial de Sesrovires en Sant Esteve. La disputa comenzó en 2008 cuando se impugnaron las licencias de obras y los terrenos donde se construyeron unas naves en unos terrenos que se habían vendido sin el conocimiento de los legítimos propietarios, la familia Farràs. El caso, al menos por ahora, se ha decantado definitivamente de parte del ayuntamiento, que está a la espera de la devolución de una fianza de 4,6 millones de euros.
El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido el recurso de casación interpuesto por la familia Farràs contra el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesorvires en relación a la petición de demolición de once naves industriales en el polígono Sesrovires de la localidad. Fuentes municipales han asegurado que, con la inadmisión a trámite "se cierra el largo proceso judicial" sobre este asunto, que se inició en 2008 y que finalmente "ha acabado dando definitivamente la razón al Ayuntamiento", han destacado las mismas fuentes.
El propio alcalde de San Esteve, Enric Carbonell, ha "celebrado" la resolución del alto tribunal y ha destacado que "pone fin a la presión" que los actuales dueños de las naves y el propio gobierno municipal han sufrido en los últimos diez años por parte "de los demandantes (la familia Farràs. Y es que, en todo este periodo, siempre colgaba sobre ellos la espada de Damocles "del derribo de las once naves" objeto de la disputa.
Carbonell ha recalcado que. durante todo este impasse, el consistorio, en colaboración con los propietarios "ha trabajado muy intensamente para poder normalizar este polígono de actividad económica".
Devolución del aval
En un comunicado, el Ayuntamiento de Sant Esteve, ha aclarado que actualmente el consistorio está a la espera de que se le devuelva el aval de 4,6 millones de euros que tuvieron que depositarse en el juzgado al inicio del procedimiento. El ayuntamiento ya reclamó esta cantidad después de que en mayo del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pusiera de parte del municipio y dirimiera que el derribo de las naves -contemplado en otra sentencia anterior era "inejecutable".Tras el fallo, la familia Farràs presentó el recurso de casación en el TS pidiendo que se ejecutara el derribo pero finalmente no ha prosperado.
El litigio empezó el 2008 cuando fueron impugnadas varias licencias de obras del polígono industrial Sesrovires, que se remontaban en los años 90, para considerar que habían sido otorgadas sin los previos instrumentos de gestión urbanística correctamente aprobados. Además, y aquí reside el meollo del caso, los terrenos donde se levantaron las naves habían sido vendidas por un tercero sin el conocimiento de sus legítimos dueños: la familia Farràs, que desde el principio reclamó que le fuera devuelta la propiedad y se demolieran las naves.
Naves declaradas nulas
En el año 2010, una sentencia en primera instancia declaró nulas un total de once naves del polígono Sesrovires levantadas irregularmente en terrenos de los que la familia Farràs reclama la titularidad. Esta sentencia fue ratificada y se convirtió en firme al 2013, por lo que el derribo parecía entonces inminente.
Pero el ayuntamiento movió ficha y respondió con un golpe de mano urbanístico. El gobierno municipal consideró que las sentencias "colocaban a las naves industriales afectadas en una situación de total vulnerabilidad", ha recordado un portavoz municipal, por lo que solo se podía impedir la demolición "mediante el otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas", han indicado las mismas fuentes.
Normalización urbanística
Con esas premisas, el Ayuntamiento de Sant Esteve comenzó en 2010 un proceso de normalización urbanística de todo el polígono, problemática que, según el consistorio, "tenía un ámbito de afectación que iba más allá de las 11 naves industriales". En concreto, la imprescindible normalización afectaba a un ámbito industrial de unas 47 hectáreas, unas 200 naves industriales, unos 350 interesados y más de mil trabajadores.
Así, desde el municipio se dio inicio a un complejo proceso de gestión urbanística con los proyectos de reparcelación y de urbanización, la inscripción al registro de la propiedad, y la ejecución y recepción de las obras de urbanización. Un proceso que, dicho sea de paso, nunca contó con el beneplácito de los denunciantes y siguen manteniendo abierta la vía de la compensación económica.
Dos años en obras
En el año 2018 se iniciaron las obras de urbanización del polígono, que se prolongaron por espacio de dos años y que costaron casi siete millones de euros que fueron asumidos por las arcas municipales y por los propios interesados. Los trabajos acabaron en mayo de 2020, lo que funcionó como un freno que detuvo la lenta maquinaria judicial convirtiendo en papel mojado las sentencias de demolición anteriores, por la gravedad de los daños que se podían causar a los dueños de las naves.
El polígono Industrial Sesrovires de Sant Esteve fue uno de los primeros polígonos industriales del municipio, y comenzó hace casi 60 años "pero manteniendo un gran número de carencias urbanísticas importantes", ha reconocido el ayuntamiento. El origen de la zona hay que buscarlo en los primeros albores década de los sesenta del siglo XX, cuando empezó la actividad industrial el polígono Precis y del polígono entonces llamado "Sasroviras" que acabaron dando lugar al actual Sesrovires.
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